República Dominicana participa en macrooperativo internacional contra crímenes ambientales con saldo de cientos de arrestos

Un operativo internacional coordinado por Interpol dejó un saldo de 233 personas arrestadas en nueve naciones de la región latinoamericana y caribeña. La República Dominicana figura entre los países que formaron parte de esta intervención orientada a frenar la criminalidad ecológica.

La acción policial, denominada Madre Tierra VIII, abarcó los meses de junio y julio pasados. Durante ese periodo, las autoridades de los distintos territorios participantes enfocaron sus esfuerzos en combatir prácticas ilícitas como la minería sin permisos, la tala descontrolada de árboles y el comercio ilegal de fauna.

El reporte oficial de la organización policial internacional detalla que más de mil animales fueron rescatados de redes de tráfico. Asimismo, se detectaron aproximadamente 60.000 hectáreas de zonas boscosas afectadas por la deforestación ilegal.

Los cuerpos de seguridad abrieron más de 330 expedientes de investigación. Además de los aprehendidos, las autoridades colocaron bajo sospecha a otras 312 personas vinculadas con infracciones medioambientales y ejecutaron 313 decomisos de materiales diversos.

Entre los elementos confiscados destacan municiones y sustancias químicas empleadas en la extracción minera, específicamente 4,6 toneladas de cianuro y mercurio. El operativo también puso especial atención en el análisis financiero para rastrear a los beneficiarios corporativos de estas actividades.

Casos particulares incluyeron investigaciones en Colombia sobre empresas extranjeras presuntamente vinculadas a la tala masiva en zonas protegidas de la Amazonía. En México y Nicaragua se logró la recuperación de diversos ejemplares de fauna silvestre, incluyendo grandes felinos y aves protegidas.

Thomas Ungerbuehler, representante de Interpol, señaló que los hallazgos reafirman la dimensión transnacional de estos ilícitos. Por su parte, Krandall Gullock indicó que el seguimiento al flujo de dinero permite rastrear a las corporaciones que financian y gestionan estos mercados ilícitos.