Senador Antonio Taveras solicita interpelación a autoridades por muertes en intervenciones policiales

El senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, ha presentado una propuesta formal ante el Senado de la República para que la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director general de la Policía Nacional comparezcan ante el pleno. El objetivo es que las autoridades ofrezcan explicaciones detalladas sobre las muertes ocurridas durante los denominados intercambios de disparos.

Taveras Guzmán enfatizó que, si bien el combate contra la delincuencia debe ser firme, el Estado de derecho debe prevalecer en todo momento. El legislador subrayó que la fuerza letal solo debe ser utilizada por los agentes cuando exista una amenaza inminente a la vida y no existan otras alternativas, advirtiendo que la etiqueta de intercambio de disparos no debe servir como justificación automática para evitar investigaciones profundas.

Para sustentar su petición, el congresista recordó eventos trágicos como el fallecimiento de los esposos Joel Eusebio Díaz Ferrer y Elisa Muñoz Marte en Villa Altagracia durante el año 2021. Asimismo, hizo referencia a los sucesos ocurridos en septiembre de 2025 en La Barranquita, Santiago, donde cinco personas perdieron la vida en una operación policial.

Las estadísticas presentadas en la resolución indican una tendencia preocupante en las cifras de letalidad policial. Durante el año 2025, se reportaron 215 muertes bajo la categoría de intervención legal, lo que representó cerca del 16 % de los homicidios totales. Esta cifra aumentó en el primer semestre de 2026, alcanzando 144 fallecimientos, lo que equivale al 23 % de los 625 homicidios registrados en ese periodo.

La propuesta busca esclarecer los protocolos actuales de uso de la fuerza y los mecanismos de verificación que emplea la Dirección de Asuntos Internos. El senador cuestiona cómo se validan las versiones de los agentes involucrados y qué resultados han arrojado las investigaciones realizadas tras estos incidentes.

Finalmente, el documento solicita información sobre la coordinación existente con el Ministerio Público para asegurar que las operaciones de captura no resulten en pérdidas de vidas humanas. Taveras Guzmán sostiene que contar con antecedentes penales o tener órdenes de arresto pendientes no autoriza el uso desproporcionado de la fuerza, por lo que exige mayor transparencia y objetividad en los procesos investigativos.