Senador Antonio Taveras solicita interpelación a Interior y Policía y a la Dirección Policial por decesos en operativos
El senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, presentó una propuesta formal para que el Senado de la República convoque a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, junto al director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García. El objetivo de la solicitud es que ambas autoridades presenten detalles sobre los decesos registrados durante los operativos de la institución del orden.
La iniciativa legislativa busca que los funcionarios expliquen de manera detallada los protocolos vigentes para el empleo de la fuerza letal. Asimismo, requiere conocer los métodos implementados para investigar cada uno de estos sucesos y los procedimientos aplicados para corroborar los testimonios de los policías participantes en los hechos.
El documento establece que las explicaciones deben incluir los procesos llevados a cabo por la Dirección de Asuntos Internos. También abarca la articulación de estas pesquisas con el Ministerio Público para esclarecer con precisión las condiciones en las que se pierden vidas humanas durante las intervenciones.
Durante su intervención, el legislador independiente enfatizó que el combate a la criminalidad tiene que ejecutarse estrictamente bajo el amparo de la legalidad. Subrayó que el uso de la fuerza mortal solo se justifica ante una amenaza inminente con el fin de salvaguardar la vida.
El congresista advirtió que la utilización de la frase intercambio de disparos no puede reemplazar una pesquisa formal ni servir como justificación automática para un fallecimiento. Recordó que las acciones policiales deben regirse por los principios fundamentales del Estado de derecho.
Como parte de los argumentos de la resolución, el senador trajo a la memoria hechos previos de gran repercusión pública. Citó el caso de la pareja de pastores evangélicos ultimada el 30 de marzo de 2021 en Villa Altagracia y el suceso ocurrido en septiembre de 2025 en La Barranquita, Santiago, donde cinco hombres perdieron la vida.
La propuesta aclara que contar con antecedentes criminales, figurar en una investigación o poseer una orden de captura no valida por sí mismo el empleo de la fuerza letal por parte de los agentes.
Mediante esta acción, el representante de la provincia Santo Domingo pretende que los altos mandos detallen las medidas preventivas implementadas para asegurar que las labores de captura no concluyan en muertes que pudieron evitarse.