Tribunal estadounidense exige a la administración de Trump presentar justificación legal sobre operativos en el mar

Un juez federal en Estados Unidos fijó un plazo de dos semanas para que el Gobierno entregue de forma confidencial el texto que avala legalmente las intervenciones armadas contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico. La orden fue emitida por el magistrado Paul Engelmayer, perteneciente al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

El requerimiento judicial se centra en un memorando redactado en septiembre de 2025 por la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia. Dicho texto detalla el análisis sobre las facultades del presidente para ordenar incursiones militares letales en aguas del Caribe y del Pacífico.

Los registros presentados ante la corte indican que, desde el mes en que se redactó el documento, la administración ha llevado a cabo más de setenta ataques contra naves vinculadas al tráfico ilícito de drogas. Estas acciones militares han provocado la muerte de al menos dos personas, según los datos integrados en el expediente judicial.

La decisión del tribunal responde a una acción legal impulsada por diversas entidades defensoras de los derechos civiles. Entre las organizaciones firmantes figuran la Unión Americana de Libertades Civiles, su filial en Nueva York y el Centro para los Derechos Constitucionales, las cuales recurrieron a la justicia tras la negativa oficial a divulgar el texto amparándose en la normativa de acceso a la información.

Además de entregar el memorando en el plazo establecido, el juez ordenó a las autoridades detallar qué funcionarios han revisado el documento, en qué fechas lo hicieron y con qué finalidad. Asimismo, se exigió un registro que explique los motivos por los cuales dichas personas tuvieron acceso al archivo.

Por el momento, la medida no implica la publicación abierta del contenido, ya que el magistrado evaluará primero el material de manera privada para decidir si procede su divulgación posterior. Este proceso abre un examen judicial sobre los alcances de la autoridad presidencial en operaciones de seguridad y los límites de la reserva gubernamental.