Tribunal impone fianza y presentación periódica a psiquiatra vinculada a ingreso involuntario
Un juez de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó medida de coerción consistente en presentación periódica y una garantía económica de cincuenta mil pesos contra la psiquiatra Ylsa Emperatriz Quero Cabrera. La decisión judicial desestimó la solicitud de prisión preventiva que había formulado el Ministerio Público en contra de la profesional de la salud mental.
El caso se originó a partir de una investigación sobre el traslado contra su voluntad de un ingeniero desde una empresa constructora ubicada en el sector Alma Rosa II hasta un centro de salud mental. De acuerdo con las indagatorias del órgano acusador, el ingreso del paciente se produjo presuntamente por instrucciones de la doctora Quero Cabrera, según el testimonio de otra imputada en el proceso identificada como Nancy Estervina de Jesús.
Durante el desarrollo de la audiencia, la defensa legal de la médica rechazó de manera categórica los señalamientos formulados por la fiscalía. El abogado Jean Cristofer Pérez sostuvo que no existen elementos probatorios que vinculen a su representada con las imputaciones iniciales y destacó que la especialista no aparece mencionada en una acusación presentada previamente sobre el mismo expediente.
El representante legal también criticó que la acusación contra su clienta se fundamente únicamente en la declaración de otra persona procesada judicialmente. Asimismo, cuestionó la tipificación del caso como complicidad en violencia intrafamiliar, al argumentar que la psiquiatra no posee ningún vínculo de parentesco con el paciente afectado y que sus acciones correspondieron a la aplicación de un protocolo médico de emergencia.
Fuera del recinto judicial, diversos profesionales de la medicina y de la psiquiatría se concentraron para manifestar su apoyo a la doctora imputada. Los asistentes expresaron inquietud ante las posibles repercusiones que este proceso judicial podría ocasionar en la labor clínica y en la atención a pacientes que necesitan intervenciones de urgencia.
Finalmente, la defensa legal instó a la Procuraduría General de la República a revisar el uso de los recursos estatales en investigaciones que, a su juicio, carecen de sustento sólido. El abogado advirtió que situaciones de esta naturaleza podrían infundir temor en la comunidad médica al momento de asistir a personas que requieren atención psiquiátrica prioritaria.