Tribunal separa a Rafael Calderón del juicio del caso Calamar por motivos de salud

El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aprobó separar del proceso judicial al exsenador de la provincia Azua, Rafael Porfirio Calderón Martínez, vinculado al denominado caso Calamar. La decisión fue tomada tras evaluar las constancias médicas presentadas por la defensa que le impiden al imputado asistir a las audiencias.

La jueza Arlin Ventura, quien encabeza el tribunal junto a las magistradas Leticia Martínez Novoa y Evelin Rodríguez, leyó el fallo correspondiente. Los jueces fundamentaron su resolución en el artículo 65 del Código Procesal Penal, el cual norma la separación y fusión de los juicios dentro de los procesos judiciales.

Wilson Beriguete, abogado representante de Calderón, explicó que su cliente sufrió un accidente que requirió una intervención quirúrgica en la cadera. Como consecuencia de la operación, los profesionales de la medicina le prescribieron un descanso médico de treinta días.

Por su parte, el Ministerio Público manifestó que ha estado preparado desde el inicio para el desarrollo del juicio. Ante esta situación, el organismo persecutor solicitó la separación de los expedientes tanto de Calderón como de Daniel Omar Caamaño, excontralor general, quien también presentó una excusa por salud.

En cuanto a Caamaño, la magistrada Ventura señaló que se le concederá una última oportunidad y el tribunal emitirá su decisión sobre la separación de su expediente al concluir su periodo de licencia médica, al considerar que su caso presenta condiciones diferentes.

El tribunal calendarizó la próxima audiencia para las nueve de la mañana del día veintiuno de octubre. En este expediente figuran numerosos acusados que enfrentan graves imputaciones formuladas por el Ministerio Público.

Los implicados en este proceso judicial responden a cargos que incluyen asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno, lavado de activos y financiamiento ilícito de campañas electorales.

Según la investigación oficial, la red desarticulada habría desviado una suma superior a los diecinueve mil millones de pesos mediante pagos irregulares por juegos de azar y procesos de expropiación de terrenos declarados de utilidad pública destinados a sufragar la campaña política del año dos mil veinte.