Unión Europea da luz verde a nueva normativa para endurecer la política migratoria y acelerar deportaciones

Los ministros de Interior de la Unión Europea aprobaron este jueves en Luxemburgo el nuevo Reglamento de Retornos del bloque comunitario. La medida salió adelante con el voto en contra de España y la abstención de Bélgica.

El titular de Irlanda, país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, destacó que este marco normativo busca agilizar los procesos de expulsión de aquellas personas que carecen de autorización para residir en territorio europeo.

Uno de los puntos centrales de la legislación es la habilitación para establecer centros de repatriación en naciones ajenas a la Unión Europea. Para materializar estos espacios, los Estados miembros deberán suscribir convenios previos con los países receptores.

El Consejo aclaró mediante un comunicado que dichos pactos únicamente podrán concretarse con naciones que garanticen el respeto a las normativas internacionales de derechos humanos y cumplan estrictamente con el principio de no devolución.

Asimismo, la normativa establece que los ciudadanos extranjeros sin derecho a permanecer en la región tienen la obligación formal de marchar del país miembro correspondiente y colaborar plenamente con los funcionarios encargados.

En caso de que estas personas incumplan con el deber de cooperación, se contemplan diversas medidas punitivas. Entre las sanciones figuran recortes en beneficios sociales, la retirada de incentivos al retorno voluntario, castigos económicos o acciones de índole penal según la legislación de cada país.

El paquete legal también incorpora la Orden Europea de Retorno, un documento estandarizado que recopila los datos esenciales de cada expulsión. Su propósito es facilitar que otros socios comunitarios identifiquen y reconozcan estas resoluciones.

Las disposiciones recién aprobadas contemplan además un endurecimiento en el tratamiento hacia aquellos migrantes catalogados como una amenaza para la seguridad pública. Esto incluye la posibilidad de emitir prohibiciones de ingreso por tiempo indefinido o extender los periodos de detención más allá de los veinticuatro meses.