Corte decidirá en noviembre sobre millonario astreinte al Ministerio Público por celular extraviado

La Corte de Apelación del Distrito Nacional fijó para el próximo 18 de noviembre el conocimiento del fallo sobre un recurso de oposición. El recurso fue presentado por el Ministerio Público en contra de una sentencia que le impone el pago de un astreinte de 7.5 millones de pesos.

La sanción económica surgió a raíz de la pérdida de un teléfono celular valorado en 3,200 pesos, el cual pertenece a Francisco Álvarez Carbuccia, uno de los implicados en el caso Camaleón. Durante el juicio preliminar del año 2025, se ordenó la devolución de los bienes incautados al imputado, incluyendo el dispositivo móvil Samsung S3.

Sin embargo, la entrega del aparato quedó pendiente debido a su extravío por parte de las autoridades. Ante esta situación, la jueza Patricia Padilla emitió la condena del astreinte que ahora es objeto de disputa judicial entre las partes involucradas.

Durante su exposición, los representantes del Ministerio Público calificaron la medida como una desproporción jurídica. Los fiscales Jonathan Pérez, Miguel Collado y Arolin Lemos solicitaron que la decisión sea revocada de manera íntegra, al considerar que la penalidad desnaturaliza el espíritu de la ley y que el conflicto debe resolverse mediante la responsabilidad patrimonial.

La representación fiscal aclaró que la negativa a efectuar el pago millonario no constituye un acto de rebeldía o desacato institucional. Según explicaron, la desaparición del equipo ocurrió por un hecho de fuerza mayor, específicamente durante el traslado masivo de las oficinas desde el edificio antiguo hacia la nueva sede.

A juicio de los fiscales, la jueza incurrió en un error de ponderación al transformar el carácter conminatorio del astreinte en una condena desproporcionada. Sostuvieron que, ante la imposibilidad material de devolver el bien, lo procedente era ordenar únicamente el pago del valor comercial del aparato.

Por su parte, la defensa legal rechazó los argumentos de la fiscalía y exigió que se mantenga vigente la liquidación del astreinte. Los abogados argumentaron que la sentencia adquirió el carácter de cosa irrevocablemente juzgada, tras años de incumplimiento y de vulneración al derecho de propiedad de su representado.