Defensa Pública advierte sobre la crisis de sobrepoblación y el uso excesivo de la prisión preventiva en el país

La Oficina Nacional de Defensa Pública emitió una alerta debido al constante aumento en la aplicación de la prisión preventiva, un factor que afecta de manera directa la habitabilidad y el funcionamiento de los recintos penitenciarios dominicanos.

Durante la divulgación del informe sobre las Condiciones de Detención y Prisión 2025, Rodolfo Valentín Santos detalló que el año finalizó con un total de 23,270 ciudadanos recluidos en todo el territorio nacional.

Del total de reclusos, 15,025 individuos se encuentran sujetos a la medida de coerción de prisión preventiva, lo que representa el 64.57 %, al tiempo que 8,156 personas cumplen sentencias condenatorias firmes, abarcando el 35.43 % restante.

El titular de la institución enfatizó que esta medida cautelar debe aplicarse de forma excepcional y no como una práctica generalizada en el sistema de justicia.

En cuanto a la composición demográfica de los centros, el estudio precisa que 22,563 hombres integran la población recluida, equivalente al 96.96 %, mientras que las mujeres suman 707, representando el 3.04 %.

La infraestructura carcelaria cuenta con una disponibilidad de 16,357 espacios, pero al albergar a 23,270 reclusos registra un nivel de ocupación de 142.26 %, lo que se traduce en 6,913 personas adicionales por encima de la capacidad límite.

Elizabeth Rodríguez, quien encabeza la Comisión de Cárceles, señaló que esta sobreocupación obliga a muchos reos a pernoctar en el suelo, corredores, debajo de las camas o en espacios improvisados denominados goletas.

El documento estatal detalla además deficiencias sanitarias severas, escasez de fármacos y aparatos médicos, limitaciones en salud mental, problemas alimentarios y falta de transportes para audiencias y centros de salud, además de los daños y plagas reportados en la cárcel preventiva de Santiago.

A pesar de este panorama, la entidad valoró positivamente el inicio del cierre técnico de La Victoria, el traslado paulatino hacia Las Parras, las nuevas edificaciones carcelarias, los planes educativos y los trabajos para levantar un centro de menores en La Vega.