Félix Portes cuestiona al Ministerio Público por ejecuciones policiales y manejo del caso Jet Set

El jurista penalista Félix Portes expresó su preocupación por el incremento de las muertes a manos de la Policía Nacional, calificándolas como una forma de «pena de muerte selectiva». Durante su participación en el programa radial Politikal, el abogado denunció que más de 30 personas han fallecido recientemente en supuestos «intercambios de disparos», criticando el silencio de la alta gerencia del Ministerio Público ante lo que considera una falta de fiscalización sobre el uso de la fuerza letal.

Portes enfatizó que, aunque los agentes tienen derecho a defenderse ante agresiones armadas, el Estado de derecho prohíbe la ejecución extrajudicial. El jurista advirtió sobre el riesgo de institucionalizar estas prácticas arbitrarias y señaló que esta violencia afecta principalmente a los sectores más vulnerables, contrastando esta situación con el trato que reciben los procesados por desfalcos de recursos públicos.

En otro orden, el abogado cuestionó la postura del Ministerio Público en el expediente judicial por el colapso de la discoteca Jet Set. Portes sostuvo que el órgano acusador mostró una actitud «garantista» y condescendiente hacia los hermanos Espaillat al calificar inicialmente el hecho como homicidio involuntario, una acción que, según el jurista, evitó que los imputados requirieran una defensa técnica robusta en esa etapa.

El especialista detalló que fue gracias a la querella privada, encabezada por su representación legal, que se logró la recalificación jurídica a homicidio voluntario por dolo eventual, decisión que actualmente es objeto de un recurso de apelación. Portes subrayó que esta intervención fue necesaria para corregir la postura inicial del Ministerio Público en el proceso.

Finalmente, el abogado informó que 33 de sus 34 representados originales en el caso Jet Set alcanzaron acuerdos económicos satisfactorios con la parte imputada. Asimismo, confirmó que mantiene una demanda patrimonial ante el Tribunal Superior Administrativo contra el Estado dominicano y diversas instituciones públicas, alegando omisión en sus deberes de supervisión y prevención sobre la estructura colapsada.