Ministerio de Justicia crea Oficina del Abogado General de la Administración Pública
El Ministerio de Justicia presentó la Oficina del Abogado General de la Administración Pública, una nueva instancia diseñada para ejecutar planes de prevención de conflictos, identificar riesgos jurídicos y coordinar estrategias entre las instituciones del Estado. El anuncio fue realizado por el ministro Antoliano Peralta durante un acto celebrado en el hotel Crowne Plaza de Santo Domingo, en el marco del segundo aniversario de la reforma constitucional de 2024.
El ministro Peralta explicó que esta iniciativa forma parte del proceso de modernización estatal y busca consolidar una defensa jurídica más eficiente. Según el funcionario, la protección de los intereses del Estado exige una representación adecuada ante tribunales y cortes arbitrales, además de una labor preventiva que evite litigios innecesarios mediante la articulación institucional.
Por su parte, el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, destacó que la creación de esta oficina responde a los pilares de reforma institucional impulsados por el presidente Luis Abinader. Freund subrayó que estas medidas permiten delimitar las funciones del Estado, separando la persecución penal de la formulación de políticas públicas en materia de justicia, lo cual contribuye a proteger los recursos públicos y evitar actuaciones contradictorias entre entidades.
Jorge Herasme Rivas, designado como abogado general de la Administración Pública, detalló que la oficina tiene como objetivo garantizar una representación permanente y especializada ante la jurisdicción contencioso-administrativa. El funcionario enfatizó que el éxito de esta estructura dependerá de la colaboración estrecha con las direcciones jurídicas de cada institución para asegurar una defensa coherente y bien sustentada.
El evento contó con la presencia de jueces de la Suprema Corte de Justicia, representantes del Poder Judicial y directores jurídicos de diversas instituciones públicas. Durante la jornada, se hizo énfasis en los desafíos institucionales que implica la puesta en marcha de esta nueva estructura y la importancia de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas en la gestión pública.