Gobierno aprueba Código de Ética de la Inteligencia Artificial para servicios públicos
El Gobierno aprobó el Decreto 787-26 que establece el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos, una normativa dirigida a implantar controles obligatorios en las instituciones estatales y a prohibir prácticas como la vigilancia masiva indiscriminada y el perfilamiento criminal predictivo.
La iniciativa fue impulsada por el presidente Luis Abinader mediante la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), con el acompañamiento técnico de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP). El instrumento busca asegurar un uso responsable, seguro, inclusivo y transparente de estas tecnologías, alineándose con los estándares de la UNESCO y la OCDE.
La normativa es de cumplimiento obligatorio para las entidades de la administración pública centralizada y descentralizada. Entre sus medidas principales destaca la Evaluación de Impacto Ético y de Derechos (EIED), que los organismos públicos deben ejecutar de manera previa a la puesta en marcha de sistemas de alto impacto que afecten derechos, beneficios sociales o facultades sancionadoras, los cuales también requerirán el aval del órgano de supervisión correspondiente.
En cuanto a las restricciones, el reglamento veta la clasificación social generalizada, la identificación biométrica masiva en espacios públicos sin orden judicial, el perfilamiento criminal predictivo basado en prejuicios territoriales o socioeconómicos, la automatización de sentencias penales y el uso de armas autónomas. Asimismo, contempla una protección especial para la niñez y la adolescencia al prohibir de forma categórica el uso de la inteligencia artificial para crear o difundir contenido lesivo, abusivo o discriminatorio contra menores.
En materia de soberanía digital, las instituciones estatales tienen la obligación de demandar a sus proveedores garantías de trazabilidad, ciberseguridad y control soberano de los datos de la ciudadanía, quedando excluidos los sistemas cerrados o de "caja negra" que impidan su examen y auditoría por parte del Estado.
El decreto instituye además el Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial, un organismo consultivo compuesto por entidades estatales y actores no gubernamentales del Foro Multiactor de Gobierno Abierto para coordinar, promover la participación de la academia y la sociedad civil, y realizar escrutinio social.
Finalmente, la disposición otorga un plazo de 180 días calendario para que las entidades públicas ajusten sus procedimientos internos, efectúen el registro de los sistemas tecnológicos en uso, nombren a los funcionarios responsables y cumplan con las nuevas directrices.
Fuente consultada: El Nacional. Información elaborada a partir de la fuente indicada; no constituye investigación propia.