Gobierno colombiano inicia revisión de esquemas de seguridad para optimizar el gasto público

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha instruido una evaluación exhaustiva de los esquemas de protección financiados por el Estado. El objetivo principal de esta medida es eliminar aquellos servicios de seguridad que carezcan de una justificación técnica sólida, como parte de una estrategia de austeridad fiscal.

La Unidad Nacional de Protección (UNP) será la entidad encargada de ejecutar este proceso. Este organismo tiene la responsabilidad de analizar los niveles de riesgo de diversos ciudadanos, incluyendo líderes sociales, periodistas, defensores de derechos humanos y figuras políticas que enfrentan amenazas debido a sus actividades.

Durante una visita al Ministerio del Interior, el mandatario cuestionó la asignación de recursos para protección en casos donde, a su criterio, no existen fundamentos suficientes. De la Espriella señaló que la misión de la institución se ha desvirtuado y enfatizó la urgencia de auditar el uso de los fondos públicos destinados a este rubro.

El jefe de Estado aclaró que la protección estatal seguirá garantizada para quienes realmente enfrenten peligros reales, subrayando que esta labor debe realizarse sin sesgos ideológicos o partidistas. Según el presidente, salvaguardar la integridad de los ciudadanos es una obligación fundamental del Estado que debe cumplirse con imparcialidad.

Los esquemas de seguridad bajo revisión pueden comprender el uso de vehículos blindados y personal de escolta. Aunque la medida busca un recorte en el gasto, el Gobierno no ha precisado el número de esquemas que podrían ser retirados, el cronograma de la auditoría ni el ahorro económico proyectado.

Además de esta iniciativa, el presidente solicitó la eliminación de otros gastos considerados innecesarios dentro del Ministerio del Interior. De la Espriella advirtió que su administración actuará con firmeza ante posibles actos de corrupción o favoritismo, exigiendo mayor transparencia en la gestión pública y en la relación con el Congreso.