Italia endurece sanciones contra la violencia en manifestaciones

El Gobierno italiano, encabezado por la primera ministra Giorgia Meloni, ha aprobado un decreto que endurece las penas contra quienes protagonicen actos violentos durante protestas. La normativa establece sanciones de hasta cinco años de prisión y multas de 20,000 euros para los participantes en disturbios que pongan en riesgo la seguridad pública, especialmente cuando se utilicen objetos peligrosos o se actúe con el rostro cubierto.

Una de las medidas más destacadas es la responsabilidad económica de los padres por los daños causados por sus hijos menores de edad. Bajo el principio de que quien rompe paga, las autoridades podrán exigir compensaciones por los destrozos en bienes públicos y privados. Además, se ha modificado la normativa para permitir la detención preventiva de menores y se presume la capacidad de discernimiento de los adolescentes entre 14 y 18 años.

La decisión surge tras una ola de incidentes que dejaron un saldo de 200 agentes heridos y daños materiales valorados en un millón de euros solo en la ciudad de Milán. Ante esta situación, el Ejecutivo ha ordenado el despliegue de 500 militares adicionales en dicha ciudad para reforzar las labores de vigilancia junto a los cuerpos policiales hasta el cierre del presente año.

Meloni expresó especial inquietud por la participación de jóvenes en estos hechos, señalando que algunos de los involucrados tienen apenas 11 años. Según la mandataria, muchas de estas convocatorias se organizan a través de redes sociales, donde los participantes incluso documentan sus acciones delictivas, como saqueos y destrucción de propiedad.

El decreto también contempla un refuerzo en el sistema de justicia juvenil, incluyendo la contratación de más magistrados y la ampliación de plazas en centros de internamiento. Hasta la fecha, las autoridades han reportado la detención de 330 personas vinculadas a los disturbios, destacando que una parte significativa de los arrestados son de origen extranjero o nacidos fuera de Italia.

Finalmente, la primera ministra subrayó la distinción entre el derecho a la protesta pacífica y la criminalidad. Aunque reconoció las dificultades económicas que enfrentan diversos sectores sociales, enfatizó que la violencia no es una vía legítima de reclamo y reiteró el compromiso de su administración para garantizar la seguridad de los ciudadanos y el orden público en todo el territorio nacional.