Las tierras raras y el desafío ambiental de su explotación en el país
Las tierras raras agrupan a diecisiete elementos metálicos de la corteza terrestre cuyo nombre proviene del griego que significa escondido. Su extracción y separación son complejas, y aunque la mayoría son radiactivas, estos componentes son esenciales en la actualidad para la fabricación de dispositivos electrónicos y tecnologías verdes de uso cotidiano.
El desarrollo de la industria electrónica despegó en la década de 1960 tras descubrirse las aplicaciones de estos minerales en la televisión a color. En la actualidad, su importancia estratégica se vincula con la transición hacia las energías renovables, convirtiéndolos en herramientas geopolíticas fundamentales, aunque su explotación conlleva el problema ambiental de la contaminación.
En el ámbito local, las reservas fiscales mineras son áreas geográficas establecidas por ley donde el Poder Ejecutivo puede autorizar exploración y explotación. Mediante decretos emitidos desde 1983 se han impulsado estas zonas, incluyendo la Reserva Montenegro operada por Barrick Gold, La Cuaba sin concesiones, y la de Ávila en la Sierra de Bahoruco bajo la empresa estatal Emidom.
Una reserva fiscal fue creada en 2018 debido al hallazgo de tierras raras en la mina Las Mercedes. Posteriormente, se registraron extracciones de muestras de material mineral sin explicaciones claras sobre su destino, además de cuestionamientos sobre la falta de transparencia en los análisis y la cercanía de la Reserva Fiscal Minera de Ávila con el Parque Nacional Sierra de Bahoruco.
Durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló la importancia de estos recursos para la tecnología global y afirmó que pertenecen al país, manifestando la disposición de su nación para colaborar en su desarrollo. Por su parte, se recuerda que la Constitución y la Ley General de Medio Ambiente 64-00 exigen controles estrictos para proteger los recursos naturales y la salud pública.
Diversos sectores ambientalistas advierten sobre los riesgos de contaminación asociados al refinado y extracción de estos metales, señalando un alto consumo de agua por cada tonelada procesada y posibles daños ecológicos similares a los enfrentados en otras zonas mineras del territorio nacional. Asimismo, se plantean retos relacionados con la necesidad de normativas transparentes y capacidad técnica nacional para evaluar el impacto de estas operaciones extractivas.