Tribunal aplaza decisión sobre recurso del Ministerio Público respecto a indemnización en el caso Intrant
La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fijó para el próximo 18 de noviembre la lectura del fallo correspondiente al recurso de apelación presentado por el Ministerio Público. El organismo persecutor procura anular la sentencia que impone a la Procuraduría General de la República el desembolso de más de siete millones y medio de pesos a favor de Juan Francisco Álvarez Carbuccia.
El proceso judicial forma parte de las investigaciones vinculadas al expediente del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, conocido como el caso Intrant. Este caso involucra a figuras como Hugo Beras y Jochi Gómez, además de otros procesados por supuestas anomalías en la contratación de servicios para actualizar la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La disposición que originó el recurso fue dictada el 23 de julio de 2026 por la jueza Patricia Padilla, adscrita al Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Dicha magistrada ordenó el pago de siete millones quinientos sesenta mil pesos a Carbuccia por concepto de la liquidación de un astreinte.
Durante la audiencia, los jueces Indhira Montás, quien encabeza el tribunal, junto a Rafael Báez y Luz Almonte, escucharon las motivaciones de las partes antes de reservarse el veredicto. Por su parte, John Frías, representante legal del imputado, manifestó su expectativa de que la corte confirme el fallo anterior.
El abogado defensor argumentó que la institución acusadora no ha cumplido con la devolución total de los bienes reclamados por su cliente. Detalló que de un total de dieciséis propiedades incautadas, aún está pendiente la entrega de un teléfono celular de la marca Samsung, modelo correspondiente al año 2012.
En respuesta a los retrasos en la restitución de los efectos, portavoces de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa señalaron que el inconveniente obedeció a peritajes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Asimismo, atribuyeron la demora al traslado imprevisto de evidencias provocado por la evacuación de una sede del Poder Judicial.
El expediente general del caso incluye señalamientos por una supuesta estafa contra el Estado superior a los mil trecientos millones de pesos. Igualmente, las autoridades investigan presuntos actos de sabotaje perpetrados contra el sistema de semáforos durante el mes de agosto de 2024.
La lista de procesados en esta causa judicial comprende también a Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso, quienes enfrentan diferentes imputaciones formuladas por el Ministerio Público.