Tribunal emitirá fallo sobre recurso de la Procuraduría por condena de millones

La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional programó para el 18 de noviembre la lectura de la sentencia sobre la apelación presentada por la Procuraduría General de la República. El recurso busca anular la condena de 7.5 millones de pesos impuesta al organismo tras no restituir un teléfono móvil a un procesado por presunta corrupción.

El dispositivo en cuestión es un equipo marca Samsung del año 2012, tasado en 3,200 pesos, perteneciente a Juan Francisco Álvarez Carbuccia. El implicado ocupó el cargo de director administrativo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre bajo la administración de Hugo Beras, y figura entre los diez acusados por un supuesto sabotaje a los semáforos y fraude contra el Estado.

La sanción económica inicial fue dictada por la jueza del Segundo Juzgado de Instrucción, Patricia Padilla, al liquidar una astreinte. Dicha medida punitiva diaria surgió por la resistencia de la institución a acatar una resolución judicial previa que mandaba a entregar los objetos retenidos al demandante, de los cuales únicamente faltaba el citado teléfono.

El representante legal del procesado, el jurista Jhon Manuel Frías Frías, aclaró que la multa de 20 mil pesos diarios no pretende compensar el precio del aparato. Su objetivo central consiste en forzar al Estado a acatar los mandatos emanados de los tribunales competentes.

Durante el proceso, el Ministerio Público argumentó que el teléfono permaneció en el Inacif para extraer información útil para el expediente y que luego fue llevado al depósito de evidencias. Según los fiscales, el equipo se extravió en medio de una mudanza realizada de manera precipitada, ofreciendo incluso abonar el valor del aparato.

No obstante, la magistrada determinó en su sentencia que la entidad persecutora no presentó evidencias válidas ni justificó de forma razonable su incapacidad para devolver el bien. El abogado defensor subrayó que la custodia de las pruebas recae directamente sobre el órgano acusador y la desaparición de un objeto no exime de la falta.

El jurista puntualizó que el resto de las pertenencias fueron devueltas de manera paulatina por la institución. Finalmente, remarcó que la controversia actual trasciende el costo económico del teléfono móvil y se centra en el respeto imperativo a las determinaciones judiciales por parte de las entidades estatales.