Venganza tras 18 años: el caso del homicidio de un vigilante en Villa Tapia

El pasado 12 de septiembre, Orlando Rafael Hernández Díaz fue interceptado y asesinado a tiros mientras regresaba a su hogar en El Campeche, Villa Trina, tras concluir su turno como vigilante en un liceo local. El ataque fue perpetrado por dos individuos que se desplazaban en motocicleta y utilizaban cascos y abrigos para ocultar su identidad.

Las investigaciones del Ministerio Público revelaron que el crimen no fue un robo común, sino un acto de venganza planificado. En 2008, Hernández Díaz había sido condenado a diez años de prisión por el homicidio del hermano de Darlin Gil Fabián, conocido en el ámbito delictivo como Coquero. Tras cumplir su condena, la víctima intentaba retomar su vida laboral antes de ser emboscado.

El principal acusado del asesinato es Darlin Gil Fabián, quien fue detenido el pasado 4 de octubre. El expediente judicial detalla un historial de alta peligrosidad, destacando que en 2014 fue sentenciado a ocho años de cárcel y, un año después, logró fugarse del Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal Máximo Antonio Álvarez, en La Vega.

Para esclarecer el hecho, las autoridades realizaron un exhaustivo rastreo mediante cámaras de seguridad que cubrió las provincias Hermanas Mirabal, Espaillat y Santiago. El seguimiento permitió localizar a los sospechosos en el municipio de Puñal, donde testigos clave facilitaron la identificación de los implicados.

En el ataque también participó Jaroly Chanel García Hernández, apodado Jaraca, quien actualmente se encuentra prófugo y es objeto de una intensa búsqueda por parte de los organismos de seguridad. El Ministerio Público continúa trabajando para dar con su paradero.

Recientemente, el Juzgado de la Instrucción de Hermanas Mirabal dictó tres meses de prisión preventiva contra Coquero, medida que deberá cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, en San Francisco de Macorís. El imputado enfrenta cargos por violaciones al Código Penal y a la Ley 631-16 sobre el Control de Armas.