Vertedero de Duquesa continúa contaminando y familias denuncian presiones para desalojos

A pesar de que el Gobierno de la República Dominicana destinó financiamientos por 510 millones de dólares entre 2017 y 2024, equivalentes a unos 29,580 millones de pesos a la tasa promedio del periodo, con el objetivo de resolver la problemática del vertedero de Duquesa, el depósito mantiene la contaminación en su entorno, así como en arroyos y ríos cercanos. A esta situación ambiental se suma ahora la denuncia de cerca de 200 familias de la comunidad de Duquesa, ubicada justo detrás del vertedero, sobre presiones de particulares que se harían pasar por representantes gubernamentales.

De acuerdo con los testimonios de los comunitarios, personas sin credenciales que los acrediten se presentan en el lugar para ofrecer sumas de dinero que van desde los 15,000 hasta los 45,000 pesos con el fin de que los habitantes abandonen sus viviendas, bajo la advertencia de que de todos modos serán desalojados. Residentes como Miguelina Montero, con 28 años en el sector, y Marisol Pérez señalaron que dichos montos son insuficientes para adquirir otra propiedad o sufragar gastos básicos, y reclamaron la intervención de las autoridades para esclarecer si el Estado está realmente detrás de estas acciones y detener lo que califican como amenazas.

En el plano judicial y administrativo, los patrocinadores de estas acciones ya ocupan una porción de terrenos que estaban destinados para que la Alcaldía del Distrito Nacional depositara los residuos sólidos. Esta coyuntura coincide con un fallo emitido a finales de marzo por una jueza federal de Estados Unidos, quien ordenó la confirmación de un laudo arbitral que obliga al Estado dominicano a pagar cerca de 44 millones de dólares al empresario jamaicano-canadiense Michael Lee-Chin, tras una década de litigio por la terminación de un contrato para operar el vertedero y sus terrenos.

En cuanto a la situación ambiental, en el área limítrofe entre el vertedero y la comunidad transcurre una cañada donde convergen lixiviados de los residuos sólidos que fluyen directamente hacia el río Isabela y posteriormente al río Ozama, generando contaminación en el subsuelo y en los cauces hídricos. A esto se añade la problemática denunciada por Esperanza Núñez, representante de la junta de vecinos de Los Casabes, quien indicó que los camiones recolectores que transitan hacia el depósito afectan el entorno al trasladar los residuos al descubierto y esparcir lixiviados en el asfalto, lo que incrementa las dificultades respiratorias en niños y adultos de los sectores colindantes.

La calidad de vida en la zona se ve impactada además por una histórica escasez de agua potable en localidades como Los Casabes, Jacagua, Barrio Nuevo y Arroyo Norte, pertenecientes a la sección Higüero. Ante la falta del servicio, los moradores se ven obligados a adquirir tanques de 55 galones de agua a un costo de 100 pesos cada uno para cubrir sus necesidades domésticas básicas, profundizando las condiciones de vulnerabilidad de esta comunidad.

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